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Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho que el fraude en los carburantes no es sólo un tema económico, sino de "seguridad nacional". Se calcula que el fraude tiene un coste anual para las arcas públicas de en torno a 1.000 millones de euros e Imaz ha señalado que con el coste anual del fraude "masivo y organizado" en el IVA en los carburantes se harían diez hospitales al año. Por otro lado, los dirigentes del sector gasolinero han puesto de relevancia el impago de los certificados de biocombustibles.
Mediante esta práctica, no se realiza el pago compensatorio por incumplir la obligación de mezclar los carburantes fósiles con los biocombustibles, con menor impacto medioambiental. Estos impagos se cuantifican en 581 millones de euros.
En este sentido, el máximo ejecutivo de Repsol indicó que las emisiones que se han vertido a la atmósfera debido al fraude tira por tierra el esfuerzo público realizado en el despliegue del vehículo eléctrico, cuyo parque se estima en torno a los 450.000 vehículos, así como su ahorro en emisiones.
"El fraude de los biocombustibles supone que ampliemos las emisiones de CO2 que se produce por todo el parque español", aseguró Imaz, que también afirmó que el ahorro de emisiones del parque automovilístico eléctrico está "compensada" por las empresas que incumplen la normativa de los biocarburantes.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, afirmó que el momento es "interesante", ya que las empresas quieren invertir. Sin embargo, para desarrollar dichos desembolsos, los actores deben de jugar con las mismas reglas que en el terreno internacional. En este sentido, ha hecho referencia a la necesidad de extinguir el gravamen extraordinario a las energéticas: "Cuanto antes desaparezca y tengamos una situación normalizada, más aceleramos la inversión en el país".
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