Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido este jueves a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa
La cumbre de la UE ha aprobado las recomendaciones dirigidas a cada uno de los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses, según ha anunciado el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
El objetivo es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.
En el caso de España, el Gobierno ha logrado que se retire la recomendación más polémica que había formulado la Comisión: reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes salariales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA y los impuestos sobre la energía.
El objetivo de esta medida era impulsar la creación de empleo, pero las autoridades españolas alegaron que pondría en riesgo las pensiones.
Los líderes europeos sustituyen esta petición por otra más genérica: "estudiar el margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal, haciendo por ejemplo recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, al tiempo que se garantizan los planes de saneamiento fiscal".
En materia de consolidación fiscal, el Consejo Europeo ha pedido al Gobierno español garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit para los años 2011 y 2012 y "adoptar nuevas medidas (de ajuste) en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto".
Los Veintisiete reclaman además a España "una norma vinculante de gasto para todas las administraciones" que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo.
Y solicitan que se apliquen "estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales" y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.
En cuanto a las reformas, los líderes europeos exigen al Gobierno completar la reforma de la negociación colectiva y del sistema de indexación salarial "para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa y proporcionar a las empresas la flexibilidad suficiente para adaptar internamente las condiciones laborales a los cambios en el entorno económico".
La UE solicita además al Gobierno que evalúe antes de que acabe el año el impacto de la reforma laboral de 2010 y que, si es necesario, haga más reformas en el mercado de trabajo "para reducir la segmentación y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes".
España debe también "adoptar la propuesta de reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años trabajados para calcular las pensiones como está previsto".
Y tendrá que revisar "regularmente" los parámenos de las pensiones para ajustarlos a la evolución de la esperanza de vida y adoptar más medidas para aumentar la edad de jubilación real.
REFORMA DE LAS CAJAS
Los jefes de Estado y de Gobierno piden finalmente a España "supervisar estrechamente la reestructuración en curso del sector financiero, en particular de las cajas de ahorro, a fin de que concluya a más tardar el 30 de septiembre de 2011".
A petición de España, se ha eliminado también de las recomendaciones la referencia a que "los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente".
El Gobierno ha alegado que ya se habían adoptado los cambios legales necesarios para reducir la interferencia del poder local y regional.
4 comentarios:
Shine One, España, Shine On, serás una, grande, y libre de toda tiranía cuando los baby boom que estamos dormidos despertemos. Paciencia, que firmen todos los acuerdo y tratados que quieran. Una vez un repulsivo me dijo : "Vidal, los Contratos están para romperlos" Muy Bien, en su momento .....
Los precios industriales se desaceleraron en mayo y situaron la tasa interanual en el 6,7 %, seis décimas por debajo de la registrada en abril, debido fundamentalmente al descenso de los precios del refino de petróleo. Según el Índice de Precios Industriales (IPRI) difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en términos mensuales los precios cayeron el 0,3 % respecto a abril, lo que supone el primer registro negativo desde julio del año pasado.
deflación en españa emn el mes de mayo
Madrid, 25 jun (EFECOM).- Los consumidores podrán rescindir créditos al consumo contratados "sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna", según la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que entrará en vigor a finales de septiembre tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Es una de las novedades de esta normativa, que adapta la legislación española a la directiva comunitaria, y que busca también ampliar la información que reciben los consumidores sobre este tipo de productos.
En cuanto al derecho de desistimiento, la ley fija que el consumidor tendrá 14 días, desde la fecha de firma o de la recepción de la información del contrato, para comunicar a la otra parte su intención de dejarlo sin efecto.
Un vez comunicado, el cliente tendrá un máximo de 30 días naturales para pagar el capital y los intereses acumulados sin que el prestamista tenga derecho a reclamar "ninguna otra compensación".
Junto a esto, la ley amplía la información que debe facilitarse sobre los créditos y obliga a entidades e intermediarios a dar explicaciones "adecuadas e individualizadas" al cliente para que pueda evaluar si el contrato se ajusta a sus "intereses, necesidades y situación financiera".
Establece también que se detallen las consecuencias en caso de impago.
Asimismo, fija la obligación de los prestamistas de "evaluar la solvencia del consumidor" antes de la firma de los contratos, a través de la información que le dé el propio cliente y también de las bases de datos necesarias.
La ley establece un régimen de sanciones en caso de incumplimiento y prevé que entidades y consumidores puedan someter sus conflictos al arbitraje de consumo.
Tras la entrada en vigor de la normativa, las entidades tendrán 12 meses para adaptar los contratos de los créditos al consumo y comunicar a los clientes las modificaciones.
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